Recientemente, el partido de gobierno y sectores de la oposición plantearon la posibilidad de habilitar el voto consular de los ciudadanos uruguayos que viven en el extranjero, medida que permitiría votar sin tener que viajar a más de un millón de ciudadanos y pondría a Uruguay a tono con la mayoría de los países de la región, pero también de América del Norte y Europa. Esta propuesta despertó una importante reacción negativa en editoriales de medios, redes sociales y discusiones en bares. Analizando los discursos, este rechazo parece tener un componente de resentimiento y también de nativismo y chauvinismo consistente con los resultados de algunas investigaciones recientes.
Si bien la mayoría de los argumentos en contra no tenían mucho sustento, hubo dos puntos en que la mayoría parecía coincidir: si alguien no paga impuestos en el país no debería votar por sus gobernantes y, no deberían poder votar por un gobierno cuyas medidas no van a sufrir. Ambos argumentos son muy poco consistentes ya que, llevados a la práctica, esos razonamientos impedirían que muchos ciudadanos residentes en Uruguay que puedan votar en algunas ocasiones y muchos habitantes que no tienen derecho a votar por no ser ciudadanos o tener la ciudadanía suspendida tendrían un derecho superior al voto.
Pero además, esto fue una buena oportunidad para discutir el concepto de ciudadanía, su genealogía y su fuerte vínculo con el concepto moderno de nación.